Ad portas de convertirse en ley: Seremi Navarro destaca aprobación de reforma al Código Procesal Penal que permitirá modernizar el sistema de persecución penal con énfasis en materia de reincidencia

Recientemente fue aprobado de manera unánime por ambas cámaras, el Proyecto de Ley
que introduce modificaciones sustanciales en el Código Penal y Procesal, y que se traduce
en una iniciativa que busca agravar las penas para los reincidentes en la comisión de
delitos y mejorar la investigación y persecución del crimen organizado.
Esta iniciativa forma parte de las 32 propuestas priorizadas por el Gobierno en diversas
áreas relacionadas con seguridad, orden público y otras materias de crecimiento
económico.
Respecto al avance de esta iniciativa, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel
Navarro Castro hizo eco de lo manifestado por el ministro Luis Cordero indicando que "se
trata de la reforma al Código Procesal Penal más importante desde que se implementó el
año 2000, porque introduce modificaciones sustanciales destinadas a mejorar la eficacia
de la persecución penal adecuando las reglas a las necesidades actuales del país".
Ahora, señalar que, entre las modificaciones relevantes del proyecto, está aquella que
introduce en el Código Penal una regla general que agrava significativamente las penas a
las personas que reinciden en la comisión de delitos, excluyendo el mínimo aplicable o
aumentando la pena en un grado según sea la primera o segunda reincidencia, siendo ésta
una norma indispensable para poder avanzar en la agenda de seguridad.
Finalmente y respecto a algunas características de esta ley, destacan que introduce
modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal para una persecución penal más
eficiente, incluyendo la ampliación de las técnicas especiales de investigación como la
interceptación y grabación de comunicaciones para  combatir el crimen organizado,
incorpora reglas para la agilización de los juicios orales, establece medidas de protección
para brindar una mayor seguridad a todos los actores del sistema penal que intervengan
en las causas sobre criminalidad organizada: fiscales, jueces, víctimas, testigos y agentes
policiales, incorpora un estatuto que regula la cooperación eficaz, incentivando a
imputados y condenados a proporcionar información útil para desarticular asociaciones
delictivas y criminales, incorpora normas que regulan expresamente los tribunales de
tratamiento de drogas, incluye cambios en la Ley 20.000, añadiendo a Gendarmería de
Chile y a la Dirección General de Asuntos Marítimos como destinatarios de recursos
decomisados, entre otras.